jueves, 11 de junio de 2009

Panamá - Explotación minera

Hermanos Franciscanos *
Adital -

A: TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD.

ASUNTO: COMUNICADO ACERCA DE LA EXPLOTACIÓN MINERA.

DE: ORDEN DE FRAILES MENORES EN PANAMÁ.


Los frailes franciscanos de la Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria, del distrito de La Pintada, provincia de Coclé, convocados por el Concejo Municipal del distrito en mención, el día 13 de marzo de 2009 en Villa El Carmen, para tratar el tema de la explotación minera, deseamos expresar nuestro sentir y pensar.

Como hermanos franciscanos estamos llamados a promover el cuidado de la naturaleza, especialmente de la madre tierra la cual nos sustenta con abundantes frutos. El Señor concedió a san Francisco de Asís la gracia de trabajar, de alabar y amar la naturaleza; de ese modo se hizo hermano de todos los hombres y mujeres, con gran densidad eclesial exhortó a las familias para cuidar la creación entera. San Francisco de Asís fue nombrado patrono de los ecologistas por Su Santidad el papa Juan Pablo II, de feliz memoria, el 29 de noviembre de 1979. La Orden de Frailes Menores, conscientes de que una gran parte de la humanidad se halla aún sometida a la indigencia, a la injusticia y a la opresión, nos sentimos llamados "a instaurar una sociedad de justicia, de liberación y de paz en Cristo resucitado" (Cfr. CCGG art, 96, 2).

Panamá, con su variada naturaleza, es parte del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), que incluye 768.000 km2 de tierras y paisajes y se extiende desde la selva maya en México hasta Darién, es considerada una de las regiones del planeta con mayor biodiversidad, 10% o 12% de toda la biodiversidad del mundo. Lamentablemente esta región se mueve actualmente en el contexto de un avance feroz de los intereses empresariales hacia la captación de áreas que hasta ahora habían estado fuera de mercado. Esta es una realidad que nos preocupa enormemente en Panamá. Concretamente nos referimos al "ambicioso proyecto que se blindó con un Contrato Ley de la República que la empresa Petaquilla Minerals firmó con el Estado en 1997, donde le concedieron extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar oro, cobre y otros minerales", (Cfr. Burica Press 12/11/07).

Paradójicamente, ese mismo año, en la Cumbre de Presidentes de Centroamérica de julio de 1997, realizada en la Ciudad de Panamá, se adoptó el proyecto CBM. Este proyecto es un importante sistema de interconexión de las áreas protegidas y su objetivo es frenar la pérdida de biodiversidad en la región. "Sin embargo, Panamá cedió en alquiler 13 mil 600 hectáreas de esta zona para explotar y extraer minerales durante 20 años y hasta con derecho a una prórroga por 40 años" (Idem).

Como consecuencia percibimos la destrucción de los bosques y la contaminación de la madre tierra, debido a la insaciable ambición por los minerales; todo esto es resultado de la ausencia de políticas inadecuadas para proteger el ambiente, y como consecuencia se atropella la dignidad humana y no se respeta la soberanía de nuestros pueblos. A este respecto en la última reunión que realizó el Secretariado de los Obispos de América Central afirmaron que "Se sigue impulsando un modelo de desarrollo en el que se privilegia el lucro y el afán desmedido de ganancias sacrificando los recursos naturales" (Managua, marzo 2009).

Lo peor del caso es que, la empresa, en lo que a regalías se refiere, deja una miseria, se llevan los recursos a otros países, y quedan las áreas contaminadas con cianuro y otras sustancias altamente tóxicas en forma irreversible. Nos preguntamos: ¿Dónde queda el respeto a los contenidos de la Carta Magna del país? Porque literalmente podemos leer: "El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas". (Cfr. Constitución de la República, Art. 119).

Consideramos que el progreso y la calidad del medio ambiente no son excluyentes. Los valores, por ser valores no son negociables. Hay gran preocupación en muchas familias ubicadas en las poblaciones aledañas al sitio de exploración y explotación minera en el distrito de Donoso, provincia de Colón colindante con el distrito de La Pintada, provincia de Coclé, con lamentables consecuencias que ya están afectando los recursos hídricos, donde ya han muerto peces y otros animales, según testimonio de los campesinos que viven en las riberas de los ríos San Juan y Molejones (cfr. La Prensa 10/04/09; 18/04/09). Estas son voces que nos interpelan y nos exigen tomar medidas radicales para que asumamos con responsabilidad las decisiones orientadas hacia el bien común. Entendemos el bien común como "es la suma de condiciones que permiten a los individuos y a las colectividades alcanzar su propia perfección más plena y rápidamente". (Gaudium et spes, 26).

No se puede hablar de desarrollo sostenible excluyendo la ética en la economía y en el progreso de los pueblos, por eso "El signo más profundo y grave de las implicaciones morales, inherentes a la cuestión ecológica, es la falta de respeto a la vida, como se ve en muchos comportamientos contaminantes... Los intereses económicos se anteponen al bien de cada persona, e incluso el de poblaciones enteras. En estos casos, la contaminación o destrucción del ambiente son fruto de una visión reductiva y antinatural que configura a veces un verdadero y propio desprecio del hombre" (Juan Pablo II, Pastores gregis, 70).

Por tanto, ante la constante contaminación y depredación del ambiente que estamos percibiendo, según las denuncias presentadas por los campesinos; consideramos que es necesario tomar algunas medidas que favorezcan a toda la población. Una de esas medidas es la que ya recomendaron nuestros Obispos: "Es necesario transformar el Código Minero tomando en cuenta el equilibrio ecológico y la promoción del bien común. Tenemos que hacer prevalecer el interés por la vida, frente a los intereses particulares que proponen un falso progreso, a costa del deterioro en las condiciones de vida de las comunidades aledañas. Reafirmamos lo dicho anteriormente: "Creemos oportuno que se revise toda la legislación que regula la actividad minera en nuestro país, de modo que se garantice un auténtico desarrollo sostenible en lo ecológico, económico, personal y comunitario" (Carta Pastoral # 16, enero 2001). No podemos permitir que, desde los principios éticos y morales se destruya el ambiente que, el Señor, el Sumo y total Bien, nos dio para administrarlo con responsabilidad.

Será necesario no olvidar las enseñanzas de un gran pensador de la antigua Roma, quien afirmó: "La historia es la maestra de la vida" (Cicerón). Por lo tanto, quien desconoce la historia, está condenado a repetirla. Qué acertado sería tomar en cuenta los valiosos aportes del patrono de los Gobernantes y de los Políticos, santo Tomas Moro en su obra Utopía para la búsqueda de la justicia social en nuestros días, sobre todo a favor de los más pobres. Es necesario, además, tener presente al profeta Amos, quien denuncia vigorosamente las injusticias sociales de su tiempo; citamos apenas una mínima parte de su mensaje el cual nos cuestiona profundamente: "¡Ay de los que convierten la justicia en veneno y arrastran por el suelo el derecho, odian al que juzga rectamente en el tribunal y detestan al que testifica con verdad!" (Cfr. Am. 5,7).

Hace más de quinientos años, quienes descubrieron estas tierras empezaron a llevarse el oro y otros minerales valiosos hacia otros países y hoy nuevamente, con tecnología avanzada, se siguen llevando los recursos de nuestra madre tierra que llora sangre. Los obispos latinoamericanos denunciaron en el Documento de Puebla en forma profética que: "La pobreza que caracteriza a nuestros países no es algo fatal ni querido por Dios, sino el fruto de unas determinadas situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas... que producen ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres". (Puebla # 30).

Por último, hacemos una invitación a toda la comunidad panameña, a las autoridades a todo nivel, a las instituciones que tienen el grave deber moral de cuidar el ambiente, para que nos comprometamos a defender la madre naturaleza y no permitamos que los recursos naturales nuevamente sean saqueados. La legalidad no es el único límite exigible a los gobernantes. En aquello que es de interés de todos los ciudadanos y en las decisiones que emanan de las instituciones, la ética en la cosa pública también es un imperativo ineludible para quienes elaboran y aplican la ley; en efecto, no todo lo legal es ético. Por lo tanto, solicitamos se derogue El acuerdo -Ley 9 de febrero de 1997-.

A razón de todo lo expresado anteriormente, nos oponemos enfáticamente a la ejecución de estos proyectos que generan muerte y reafirmamos nuestra opción por buscar nuevas alternativas que respeten y promuevan mejor calidad de vida y lleve hacia una sana convivencia humana (Jn. 10,10).

PAZ Y BIEN

Orden de Frailes Menores en Panamá, 22 de abril de 2009.
En el día de nuestra Madre Tierra.

Cc. Diócesis de Penonomé.
Conferencia Episcopal de Panamá.
Presidente de la República y su Gabinete de Gobierno.
Asamblea Nacional.
Gobernación de Penonomé.
ANAM.
Provincia Nuestra Señora de Guadalupe en C.A., Panamá y Haití.
Comisión de Justicia, Paz y Ecología de C.A., Panamá y Haití.
Municipalidad de La Pintada.
Petaquilla Minerals.
MINERA PETAQUILLA, S.A.
Teckcominco, Minera Teck Panamá, S.A.

[Lea más sobre ese tema en: Explotación minera (artículo del Ingeniero Humberto E. Reynolds de Unamuno): http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=39066]


* Orden de Frailes Menores en Panamá
NOTA ORIGINAL

lunes, 8 de junio de 2009

Indígenas panameños rechazan proyecto minero

08 de Junio de 2009, 04:30pm ET
PANAMA, 8 Jun 2009 (AFP) -

Indígenas de la etnia Ngöbe Buglé rechazan en Panamá un proyecto de explotación de cobre, oro y plata que a su juicio viola su patrimonio y sus derechos como pueblo indígena, dice un comunicado difundido el lunes por estas comunidades.

"Rechazamos rotundamente el proyecto minero Cerro Chorcha y las acciones de Dominion Minerals, Corp. y el Estado que violan nuestros derechos como pueblos indígenas y nuestro patrimonio", dice el comunicado.

La empresa estadounidense Dominion Minerals Corp. proyecta realizar 26 nuevas perforaciones en el distrito de Kankintú, en la comarca indígena Ngöbe-Bugle, 400 km al suroeste de la capital.

Este proyecto, afirma el comunicado, es "ilegal" porque no respeta la decisión de las comunidades indígenas contraria la explotación minera en su territorio.

Delegaciones indígenas procedentes de varias comunidades marcharán hasta la zona del proyecto minero para mostrar su solidaridad con los afectados y protestar contra la empresa, aunque "muchos caminaremos 2 o 3 días para estar presentes en este acto solidario".

Aseguran que sus protestas serán "pacíficas" pero que exigirán "la salida inmediata de las empresa Dominion Minerals (Estados Unidos) de la Comarca Ngöbe-Bugle y el cese de los abusos a nuestro pueblo".

Además, pedirán la revocatoria inmediata de la concesión a la empresa para hacer la explotación minera en 24.242 hectáreas dentro de la Comarca Ngöbe-Bugle y las áreas protegidas Palo Seco y Reserva Forestal Fortuna.

Los indígenas denuncian que en diciembre de 2008 la empresa presentó un estudio de impacto ambiental a las autoridades panameñas para 26 nuevos sitios de exploración minera, el cual fue rechazado por la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM).

Sin embargo, según los indígenas, la empresa anunció recientemente la intención de empezar con las nuevas perforaciones.

Los indígenas denunciaron también que la primera concesión a la empresa, en 2006, fue dada por el entonces viceministro del Ministerio de Comercio e Industria, Manuel José Paredes, quien en febrero de 2009 fungía como Jefe Oficial Ejecutivo de Dominion Minerals, concluye el comunicado.

jjr/on/tlp

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